Con agrado recibí la noticia que la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución A/RES/64/292 de fecha 28 de julio de 2010, declaró el derecho al agua potable y saneamiento como un derecho fundamental del ser humano; sin embargo, el tema no es para nada nuevo, ya que desde 1977, dentro del Plan de Acción del Mar del Plata se vislumbraba la idea de garantizar a la población mundial el acceso a los recursos hídricos.
Durante varias décadas se fue conformando y puliendo la idea de un derecho hídrico a través de conferencias y cumbres alrededor del mundo, en las que la constante era el combate a la pobreza y la atención de necesidades básicas, incluyendo garantizar la disponibilidad y el acceso universal al agua potable, así como la creación de entornos salubres para el ser humano.
Para el año 1997 se realiza el Primer Foro Mundial del Agua, organizado por el Consejo Mundial del Agua en Marruecos, en donde se planteó claramente la exigencia de reconocer las necesidades básicas de tener acceso al agua potable y al saneamiento, y la utilización eficaz del agua. Se reafirmó lo anterior dentro del Segundo Foro en la Haya, en el año 2000, coincidente con la Declaración del Milenio firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno miembros de las Naciones Unidas y que planteó 8 objetivos, entre ellos Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
Hubo importantes avances hacia una declaración formal del derecho al agua como fundamental para la vida y la salud, como lo fue el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la posterior Observación General número 15 en la que se precisan los alcances en materia de derecho al agua de los artículos 11 y 12 de dicho Pacto.
No fue sino hasta el Cuarto Foro Mundial del Agua, celebrado en México, en el año de 2006, cuando se puso en la mesa de debate el tema del derecho al agua y la necesidad de su reconocimiento como un derecho humano esencial, lo que generó una intensa movilización dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, produciendo importantes documentos en la materia como las resoluciones 7/22, 12/8 y la decisión 2/104, además de nombrar un experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y saneamiento, y en este punto la labor de Catarina de Albuquerque como experta independiente ha sido de suma importancia para que la resolución A/RES/64/292 sea hoy una realidad.
Esta histórica resolución, sin duda es un avance mu importante en la construcción de mejores y mas justas sociedades en el globo, y a pesar de que países como Estados Unidos, gran Bretaña y Japón se abstuvieron de votar este documento, la realidad es que mas de 120 países, en su mayoría del tercer mundo, manifestaron su compromiso con la humanidad de hacer un planeta mas prospero y equitativo.
Si embargo, es solo un comienzo en la búsqueda por terminar con la desigualdad existente, pero se corre el riesgo de que este instrumento quede como una mera carta de buenas intenciones si los gobiernos de todos los niveles no comienzan a generan políticas públicas eficaces, que contribuyan a que cada vez mas personas tengan acceso a agua potable para sus necesidades básicas y cuenten con sistemas adecuados de saneamiento, y la población misma no haga conciencia de la urgencia de hacer un uso responsable y eficiente del agua.
Ya es tiempo de terminar con el trabajo reactivo de los organismos de agua a nivel nacional y local, y comenzar a diseñar estrategias de mediano y largo plazo, que permitan ampliar la red de suministro y de drenaje, la reposición integral de la infraestructura hidráulica caduca (en México entre el 30% y el 50% del agua para uso urbano se pierde en fugas), el aprovechamiento eficiente de aguas pluviales y tratadas, contención de la sobre explotación de mantos acuíferos, el saneamiento de grandes fuentes hidráulicas, mejores procesos para la medición del uso, distribución y aprovechamiento de este bien público con una política sustentable, un registro de la explotación real del agua, campañas de concientización ciudadana, sanciones más severas para acaparadores y quienes hagan mal uso del vital líquido, etc.
Desde luego habrá quien diga que la implementación de estas políticas públicas no son factibles económicamente, sin embargo ese paradigma nos tiene estancados como país; a ellos los exhorto a usar la imaginación e inventiva, haciendo partícipes a la sociedad organizada y al sector privado, pero lo mas importante, combatir la corrupción al interior de las instituciones y organismos encargados de la administración y ministración del agua, reducir la sobre población burocrática de nóminas, erradicar los gastos superfluos y suntuosos de funcionarios públicos, hacer reingeniería de procesos clave dentro de organismos operadores, vigilar la adecuada distribución del bien hídrico y su eficiente aprovechamiento, entre otras muchas ideas.
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