El conflicto comenzó el 21 de diciembre de 2009, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas a 6 artículos de su Código Civil, avalando la unión libre de 2 personas del mismo sexo en matrimonio y su derecho a la adopción.
Como era de esperarse, el espectro conservador de éste país, encabezado por el Presidente del empleo, Felipe Calderón Hinojosa y su nuevo tribunal del santo oficio, manifestaron su indignación y desacuerdo por estas medidas progresistas. Fue tal la conmoción que la Procuraduría General de la República presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una demostración magistral de como un Estado laico debe funcionar, éste alto tribunal desechó el recurso promovido por el procurador Arturo Chávez Chávez y resolvió que la Asamblea Legislativa tiene competencia para legislar sobre el matrimonio, por lo que las reformas son perfectamente constitucionales
Los ministros de la Suprema Corte dejaron en claro que la Constitución protege a la familia, pero sin importar el tipo de modelo, por lo que la protección lo mismo abarca a las familias integradas por matrimonios heterosexuales, por madres solteras, por padres divorciados, homosexuales y otros; además de exhortar al país a evitar todas las formas de discriminación y a buscar que impere la tolerancia y se preserve, ante todo, un Estado laico en el país.
Al declarar constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo reconocido por las leyes del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguió sus discusiones sobre la validez de los matrimonios homosexuales en toda la República. De acuerdo con su sesión del 10 de agosto de 2010, la SCJN resolvió que todas las entidades federativas están obligadas a reconocer la validez de los matrimonios homosexuales celebrados en el Distrito Federal, pero es su facultad disponer en sus legislaciones la manera en que se harán efectivos los derechos de estas parejas en sus territorios.
No obstante esta interpretación constitucional asentada por los únicos que tienen la potestad para hacerlo, es decir los ministros de la Suprema Corte, los altos jerarcas de la Iglesia Católica efectuaron actos de terrorismo verbal en contra de la comunidad LGBT, de los asambleístas, del Jefe del Gobierno del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia, y en general a todos los que respaldan esas modificaciones legales.
Hago votos por que este asunto no continúe sacando lo peor del conservadurismo oscurantista, y en verdad se cultiven en la sociedad los valores y virtudes de amor desinteresado por el prójimo, respeto, tolerancia, libertad, e igualdad, y no se continúen sembrando en los corazones mensajes de odio, intolerancia y desigualdad, sobre todo por los que se dicen vicarios de Cristo y de oficio pastoral.
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